Los comerciantes bilbilitanos vuelven a organizar un «outlet» hoy sábado, junto con actividades lúdicas para animar la ciudad de Calatayud y a los bilbilitanos.
El paseo Cortes de Aragón y las calles Luis Guedea y San Antón son las zonas en las que hay ofertas especiales, oportunidades y novedades para comprar, al mismo tiempo que se disfruta de experiencias. Los comercios participantes han preparado en cada una de estas calles diferentes iniciativas que invitarán a recorrerlas durante la mañana y la tarde.
Habrá catas, degustaciones, música, sorteos, además de descuentos en esta especie de feria en la calle del comercio de proximidad, que mostrará su cercanía y servicio a los vecinos de esta comarca.
El Ayuntamiento de Calatayud, desde el Departamento de Comercio colabora con ellos y anima a conocer y aprovechar esta oferta comercial y lúdica que organizan los comerciantes para empezar de una forma diferente este mes de agosto.
El Cine Capitol de Calatayud programa un fin de semana más varias sesiones de cine. Esta vez, “Deadpool y Lobezno” llega a la gran pantalla bilbilitana con varias sesiones desde el sábado 3 de agosto hasta el lunes 5.
Sinopsis de Filmaffinity: Un apático Wade Wilson se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible. Pero cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, Wade debe volver a vestirse a regañadientes con un Lobezno aún más reacio a ayudar
Esta película tendrá sesiones el sábado 3 de agosto a las 20h y 22:30h, el domingo 4 de agosto a las 17h y 19:30h, y el lunes 5 de agosto a las 21:30h.
Entradas y precios
Como cada semana, los precios oscilan desde 3€ a 4,50€. La entrada infantil, solo válida en la primera sesión del sábado y del domingo, costará 3€, mientras que la entrada reducida presentando la tarjeta cultural del Ayuntamiento de Calatayud costará 4€. Por su parte, la entrada general costará 4,50€ y el lunes, cuando se aplica el descuento del Día del Espectador, costará 4€.
Las entradas están disponibles de manera anticipada y sin costes adicionales en www.eventum365.com. También se podrán comprar en taquilla media hora antes de cada sesión.
El Ayuntamiento de Calatayud ha licitado los trabajos de urbanización de la parte final del Polígono Industrial de Mediavega para dotarla de todos los servicios de abastecimiento, saneamiento y electricidad, así como de los accesos a una parcela de titularidad municipal.
El Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local concurría a una convocatoria de ayudas del ejecutivo autónomo, destinadas a inversiones en infraestructuras municipales que fomenten la actividad empresarial.
La memoria presentada por el consistorio bilbilitano proponía crear una nueva zona con este fin en una parcela municipal ubicada al final de Mediavega II, junto al camino que lleva a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
Ese suelo, que no había sido urbanizado con anterioridad, se quiere incorporar a las superficies y naves industriales que el ayuntamiento ofrece a empresas que muestran interés por crecer o invertir en Calatayud.
“Los empresarios más que las ayudas que puedan recibir tienen muy en cuenta el trato cercano, la rapidez en la atención, y que se acorten los plazos para su instalación porque el tiempo es muy valiosopara ellos” afirma Arturo Ballano. El concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local añade que, “siendo sensibles a esa demanda de las empresas,se están creando las condiciones para facilitar la posible ejecución de sus proyectos aquí”.
Obras a realizar
La parcela sobre la que se va a actuar y con la que se ampliará Mediavega en su sector noreste, tiene 3.500 metros cuadrados. Está contemplada en el planeamiento vigente para uso industrial y los trabajos ya licitados están valorados en 187.608,04 euros. Tendrán un plazo de ejecución de 2 meses. Las empresas interesadas en acometerlos podrán presentar sus ofertas hasta el día 20 de agosto.
Las obras se llevarán a cabo sobre una longitud aproximada de 150 metros en la salida de esta zona industrial hacía la EDAR y consistirán en la urbanización de toda la parte circundante al polígonoen esa parte final. Se instalarán sumideros, tuberías de abastecimiento y saneamiento, red de energía, alumbrado, y telefonía. También se construirán aceras y espacios para el aparcamiento de vehículos.
Esta misma tarde, los servicios de emergencias han intervenido en un pequeño desprendimiento de cascotes en un edificio de la Calle Dicenta de Calatayud. En la esquina con la Avenida San Juan el Real.
Un vecino ha alertado a la Policía Local bilbilitana diciendo que habían caído varios cascotes por lo que los agentes y los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza del parque de Calatayud se han desplazado de inmediato al lugar.
Los propios bomberos, ayudados de un brazo articulado, han retirado los restos de un balcón, que al parecer era el que más peligraba. Según información recibida por la Policía Local, también han revisado las partes más peligrosas del edificio, que se encuentra en ruinas, y han retirado varios escombros.
Según hemos podido conocer, está previsto que el servicio municipal de limpieza retire los restos que han quedado en la vía pública, mañana sábado a primera hora. Por ello, las calles Dicenta y Gracián permanecerán cortadas hasta que la calle quede limpia.
La jueza del juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca y para los otros cuatro detenidos como posibles autores de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a menores residentes en el centro. Son tres personas de nacionalidad marroquí, uno de nacionalidad rumana y uno de nacionalidad española.
Dos de los detenidos eran educadores del centro y los otros dos auxiliares sin titulación ni cualificación. Los cinco detenidos han pasado esta mañana a disposición judicial para prestar declaración ante la jueza y en estos momentos están siendo trasladados a la prisión de Zuera.
Además de los cargos anteriormente enunciados, la instructora considera que los otros cuatro, podrían ser autores de delitos de agresión sexual a una menor.
En los autos dictado, la instructora considera que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputan, conclusiones a la que llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas a los dos menores denunciantes -Menor 1 (varón) y Menor 2 (mujer)- quienes “han relatado -explica la jueza- de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia refieren era conocedor el detenido” (refiriéndose al director del CAM). Sobre la implicación del director en los hechos explica la instructora en su auto que “ambos menores han declarado que el detenido tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta acerca de la situación de los menores. Asimismo, ambos han relatado que el detenido protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones a los mismos, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias, y que llevó a cabo una investigación incompleta y parcial, tras la denuncia de la progenitora del “Menor1” ante los agentes de la autoridad”, manifestaciones estas, corroboradas por la psicóloga del centro a las que une lo declarado por el enfermero del centro, a quien, al parecer el director le pidió que hiciera un informe falso sobre el estado de “menor1”. Para la instructora esta actitud del director del centro “supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situación de riesgo y exclusión familiar y social, como personal de un servicio público”. Por ello, la juez considera al director cooperador necesario, de un posible delito contra la integridad moral.
Respecto de los otros cuatro detenidos, los dos menores denunciantes han relatado haber sufrido, junto a otros menores, tratos degradantes, físicos y psicológicos de forma constante y retirada en el tiempo por parte de estos cuatro detenidos. En concreto “menor 1” relata que “le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse; continuando el detenido con dichos castigos entre semana, debido a la distribución por turnos entre el personal del centro” y “menor 2”.
Que “desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas, pudiéndose apreciar directamente por esta juzgadora que la menor tiene diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos”. A estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual.
Para la instructora, todo ello es una clara muestra “de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que “nadie les creería” y que “no los querían ni sus familias”.
Añade la jueza en sus autos que “las declaraciones de las víctimas han sido corroboradas periféricamente por los informes forenses preliminares obrantes en autos, los cuales reflejan que las lesiones presentadas y que se aprecian en el parte médico de los menores y en las fotografías existentes son compatibles con el mecanismo causal relatado por estos, sin perjuicio de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas”.
Paralelamente a estos autos dictados sobre los detenidos, la jueza ha decretado el cierre provisional del CAM, centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el total esclarecimiento de los hechos. Para ello, ha dictado ya diligencias de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, ceses de internamiento que se podrían hacerse extensivos a otros nueve menores fugados del centro de Ateca. La jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y/o abusos que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro.
La investigación judicial comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años de edad (“menor 1”) y los de una menor de 17 años (“Menor 2” en el momento en que ocurrieron los hechos) ambos internados en el Centro de Menores. Dentro del marco de la investigación, y como paso previo a la toma de declaraciones a los detenidos esta mañana, la jueza citó ayer a declarar en sede judicial a los dos menores autores de la denuncia contra el centro, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral (motivada por los hechos que ahora se investigan).
Los agentes de la Policía Local de Calatayud han cambiado el uniforme para homogeneizarlo con los de otros agentes de diferentes municipios. En las prendas que se van a ir adquiriendo de forma progresiva pueden cambiarse los escudos de la localidad y la placa con el número del agente. Hasta ahora, el nombre de la localidad y los escudos iban serigrafiados.
El pasado mes de julio se incorporaban cuatro nuevos efectivos a Calatayud para los que ya se adquirió el mismo equipo que tienen las Policías Locales de las localidades de la provincia de Huesca, donde tomaron la decisión de unificarlos.
Unificar los uniformes es una demanda de los Ayuntamientos porque supone reducir el precio de cada equipación. Hasta ahora los cuerpos policiales locales de cada localidad tienen el suyo y todo el equipamiento por agente entre las prendas de invierno y verano alcanza un coste aproximado de 2.000 euros.
Existe una continua movilidad de los policías, una circunstancia común a todos los municipios a excepción de Zaragoza, que es la ciudad a la que generalmente se incorporan quienes se desplazan del resto de Aragón. En el momento en el que los policías se trasladan a otro lugar sus prendas no les sirven al llevar el nombre del municipio.
Por esta razón, como indica el concejal delegado de Policía Local, José Camarzana “la mayor parte de las administraciones locales estamos de acuerdo en que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Aragón, de la que depende este Cuerpo de Seguridad, unifique los equipos de todas las Policías Locales de Aragón, además de que se centralicen las compras, lo que reducía el coste de las mismas”. Los agentes podrían seguir con el uniforme del que es su destino inicial y eso es también un ahorro.
Recientemente la Dirección General de Interior y Emergencias atendía otra demanda de los municipios. Que se haga una única convocatoria para todas las Policías Locales y así será en 2025.
El Área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha permitido detener a cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca, por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, cometidos hacia menores internos en dicho centro.
La investigación se inició como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Nacional de Zaragoza, por parte de la progenitora de un menor que se encuentra interno en el Centro de Atención de Menores ubicado en la localidad de Ateca, en las que exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores del Centro.
Los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, nada más conocer estos hechos, iniciaron de inmediato una investigación para verificar los hechos denunciados durante la que se han realizado multitud de gestiones y tomado manifestaciones a varios empleados del Centro, así como a la supuesta víctima. Como resultado de la información obtenida en la citada investigación se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del Director del Centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos.
Las actuaciones se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones.
Además, se constató cómo al menor se le habrían realizado contenciones (inmovilizaciones físicas) que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.
Todos los hechos relatados que habría sufrido el menor, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las
trabajadoras y que fue puesta en conocimiento por esta persona al director del centro de menores el cual, no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo de actuación con los internos.
Igualmente, los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión. Petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso.
Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores, durante los últimos meses.
Ante los indicios obtenidos por especialistas de Policía Judicial, que evidenciaban los hechos delictivos descritos anteriormente, llevados a cabo por parte de cuatro trabajadores del Centro de Atención de Menores y del actual director del mismo, durante la mañana de ayer 1 de agosto, la Guardia Civil procedió a la detención de estas cinco personas. Se les
imputan supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Han quedado a disposición judicial en la mañana de hoy.
Según hemos podido conocer durante el día de hoy, varias personas relacionadas con una investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en el Centro de Menores de Ateca, han sido detenidas. Aseguran desde la Benemérita que “la investigación no ha terminado”, por lo que no se ha facilitado ninguna información más.
Según publica EL ALTO JALÓN, las primeras informaciones apuntan a la denuncia de la familia de uno de los menores internos como detonante de las pesquisas. La Guardia Civil lleva semanas investigando y durante los últimos días, varios testigos han declarado en los juzgados de Calatayud, entre ellos empleados del centro. Se apunta la posibilidad de que entre los detenidos esté el director del centro, y otras informaciones advierten de entre cinco o seis trabajadores de la entidad, que previamente habrían sido suspendidos de empleo.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, perteneciente al Gobierno de Aragón, ha emitido un comunicado expresando su preocupación por “el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen en este centro».
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud ha dado vía libre este lunes a la licencia de obras solicitada para el hotel Puerta de Terrer. Este establecimiento cerraba hace más de una década y si todo va según lo previsto volverá a recibir a visitantes a finales de este año.
La iniciativa privada, la empresa bilbilitana Blas Montañés, adquiría este inmueble y va a llevar a cabo una serie de mejoras y adaptaciones en este establecimiento que cuenta con 13 habitaciones y salón comedor. La mayoría de las habitaciones son dobles, hay también individuales y triples.
Los promotores esperan poder iniciar la actividad en el último trimestre de este 2024. Según explican quisieron apostar por su ciudad con esta inversión en el casco antiguo bilbilitano, y considerando la viabilidad de este negocio.
El alcalde bilbilitano aplaudía la decisión de esta empresa local y expresaba su deseo de que el aumento de los turistas y la celebración cada vez más frecuente de eventos multitudinarios de diferente tipo, favorezcan el crecimiento del sector hotelero bilbilitano.
“Desde el Ayuntamiento de Calatayud impulsamos y apoyamos acciones en materia cultural o deportiva por poner algunos ejemplos que congregan aquí a cientos de personas mayoritariamente en fines de semana”, manifestaba el primer edil, José Manuel Aranda. El regidor municipal recordaba también la creación de nuevos productos turísticos y la promoción que lleva a cabo ese departamento municipal para crecer de forma progresiva en visitas. Se refería además a momentos del año en los que la demanda de plazas hoteleras en temporada baja es grande en la capital bilbilitana, gracias a la actividad formativa de la Academia de Logística.
Pasadas las 23h de esta misma noche, los servicios de emergencias han intervenido en un accidente de tráfico ocurrido en el puente de la Ciudad Deportiva de Calatayud. Al parecer y según hemos podido conocer, dos turismos se han chocado frontolateralmente tras haberse metido uno en el carril contrario por causas que se desconocen.
El ocupante de uno de los vehículos ha sido trasladado, sin gravedad, al Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Los cinco ocupantes del otro vehículo, cinco personas entre las que se encontraba un bebé, han sido trasladados al hospital por sus propios medios sin gravedad, según información recibida por la Policía Local de Calatayud.
Hasta el lugar se han desplazado y han intervenido una ambulancia del 061 Aragón, agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, y voluntarios de Protección Civil de la Comarca Comunidad de Calatayud que han colaborado en la regulación del tráfico, pues ambos carriles han permanecido cortados durante alrededor de una hora.
El presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, también alcalde de Belchite, visitaba ayer la ciudad de Calatayud y mantenía una reunión con el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda.
Los dos responsables municipales junto con el primer teniente de alcaldía y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, José Manuel Gimeno, el secretario general de la Federación, Eduardo Gallart, y el letrado de esta entidad, Jesús Sánchez abordaban numerosos asuntos que son comunes a la mayor parte de los municipios de la comunidad. La necesidad de revisar la financiación municipal, insuficiente para asumir los servicios que ofrecen los ayuntamientos, fue una constante durante esta reunión.
Los municipios prestan más servicios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos e igualar en la medida de lo posible las oportunidades con respecto a ciudades más grandes, como demandan sus habitantes. Esa expansión de los recursos no se ha visto sin embargo acompañada de una suficiente y adecuada financiación local.
Como explicaba el primer edil bilbilitano, el Ayuntamiento de Calatayud se ocupa de la residencia de mayores, de la escuela infantil, ludoteca, mantenimiento y limpieza de consultorios y colegios, iniciativas para el empleo, transporte urbano, o recuperación del patrimonio, “sin que además muchas competencias les sean propias, sino que corresponden a otras administraciones”.
José Manuel Aranda expresaba la necesidad de conservar y mejorar estos servicios para sus vecinos, pero consideraba “imprescindible” analizar los recursos económicos de los que disponen las administraciones locales. Recordaba además que no se tienen en cuenta las limitaciones municipales cuando en obras importantes que el gobierno central está ejecutando en instalaciones propias de nuestra ciudad está exento del pago de las correspondientes licencias de obras, que son ingresos para servicios municipales.
Estas son inquietudes que alcaldes y concejales trasladan a la FAMCP. Otra sobre la que se ha avanzado y que unía a las localidades que cuentan con Policía Local, es la imposibilidad de completar sus plantillas por la continúa movilidad y traslado de los agentes principalmente a la ciudad de Zaragoza. Fue un tema que se llevó a la Federación y para el que se ha conseguido algún avance, como se anunciaba desde el Gobierno de Aragón. En 2025 se celebrará una convocatoria única para todos los Policías Locales.
Carmelo Pérez, subrayaba “el valor y utilidad que tienen estos encuentros con alcaldes y concejales porque muestran la realidad de los municipios, sus problemas y propuestas, que son tenidas en cuenta por la FAMCP, entidad para el encuentro de las Entidades Locales Aragonesas, y que defiende los intereses que a todas les son comunes”.
Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Calatayud han podido identificar tras una gran labor investigativa al presunto autor de dos delitos de maltrato animal con resultado de muerte.
El pasado mes de junio, el servicio municipal de Calatayud se encontraba realizando labores de limpieza de las acequias del municipio, hallando en el interior de una de ellas lo que parecía ser dos perros en avanzado estado de descomposición que se encontraban atados entre sí.
Los empleados municipales dieron aviso a la Policía Local, quienes pudieron comprobar que uno de los animales llevaba chip, por lo que el can pudo ser identificado. Se trataba de dos perros catalogados como potencialmente peligrosos. En ese momento, el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Calatayud se hizo cargo de la investigación para el esclarecimiento de los hechos y localizar al presunto responsable.
En primera instancia, los animales figuraban a nombre de una mujer residente en Zaragoza, si bien se pudo comprobar que hacía un tiempo que no era ella quien se hacía cargo de los mismos, habiendo delegado su custodia a su expareja.
Los agentes continuaron con la investigación que les llevó hasta la expareja de la propietaria de los animales, el cual se encontraba interno en la prisión de Zuera cuando los perros fueron hallados sin vida y tras realizar las comprobaciones pertinentes, llevaba el tiempo suficiente preso como para descartar que pudiera haber sido el autor material del delito.
Policías de la Comisaría de Calatayud se desplazaron hasta la prisión de Zuera para tomar declaración a cerca de lo sucedido al responsable de los animales, quien señaló a un tercero que se habría hecho cargo de cuidar a los perros durante su estancia en prisión.
Una vez identificada esta persona se hicieron las gestiones pertinentes para tratar de relacionar la custodia de los animales con el identificado. Se da la circunstancia que el pasado mes de mayo la persona que encargada de la custodia de los dos anímales se vio inmersa en un atestado policial ya que mientras paseaba a dos canes, éstos atacaron a otro perro, por lo que fue identificado en posesión de los dos animales que semanas después fueron hallados sin vida en el interior de la acequia.
Además, los agentes encargados de la investigación pudieron esclarecer también la presunta autoría del mismo hombre en la sustracción de un vehículo, el cual había sido sustraído en Zaragoza y que casualmente apareció en el mismo camino en el que se encuentra la acequia donde se deshizo de los animales.
El alcalde de Calatayud, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Zaragoza han copresidido la Junta de Seguridad en la que se coordina todo el operativo para las Fiestas de San Roque y los eventos previos como el Interpeñas Fest.
En esta reunión participan todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como distintos miembros de la Corporación municipal, representantes de Interpeñas, de la Cofradía de San Roque, de las juntas directivas de las peñas, del Servicio Provincial de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y empresa de seguridad.
Que la colaboración existente entre todas las partes es parte del éxito de estos festejos ha sido algo en lo que todos los intervinientes han coincido. Como decía el concejal de Festejos, Héctor Sarriá, las sucesivas reuniones que se han venido celebrando con Interpeñas contribuyen a mejorar la organización y seguridad, especialmente en los momentos con más concentración de personas.
El primer edil bilbilitano, José Manuel Aranda incidía en cuatro cuestiones. La primera de ellas, y sobre la que también abundaba el inspector jefe de la Comisaria de la Policía Nacional, Marco Antonio Navarro, era la necesidad de agilizar la salida de los miles de peñistas de la plaza de España y el descenso por la Rúa.
“Hay que recuperar la esencia de lo que era esa tradición y un momento singular y que identifica estas fiestas, ese desfile y pasacalles posterior que la ciudadanía espera”, manifestaba el primer edil. Aranda también pedía respetar las limitaciones de acceso y aforo en el momento de chupinazo al salón y al balcón desde el que se lanza el chupinazo por motivos de seguridad.
Hacía además otra petición a las peñas que se ubican en la explanada de Santa Ana, con el fin de evitar la suciedad que afecta a la fachada lateral de ese colegio, y apelaba en general a todas las peñas a que durante las mañanas no suene la música en los locales con el fin de permitir el descanso y hacerlo compatible con la fiesta.
La subdelegada incorporaba una solicitud que había recibido para trasladar a los municipios en fiestas. Vigilar la venta en la vía pública de productos que copien o imiten marcas. Noelia Herrero mostraba tranquilidad porque todo el operativo de seguridad esta engranado, y la satisfacción porque la localización de los llamados “puntos violeta”, se incluyan ya con normalidad en la organización festiva de pueblos y ciudades. Uno de esos “puntos violetas” estará en la puerta de la casa consistorial de la plaza de España el día del chupinazo. También serán las barras de los locales de las peñas, y el puesto que tiene Cruz Roja en la calle Gáldar esquina con plaza Islas Canarias.
El presidente de Interpeñas, Gerardo Bernal, afirmaba que estas reuniones vienen muy bien para poner en común asuntos relativos a la fiesta y que benefician a unos festejos para los que tanto la federación de peñas como el Ayuntamiento buscan la declaración de interés turístico nacional. En ello están trabajando conjuntamente.
Desde el 14 al 17 de agosto, el día 13 cuando se abran los locales y sea el vino de honor, y el sábado 10 con la celebración del Interpeñas Fest, personal de Cruz Roja estará operativo en las calles de la ciudad para atender las incidencias que puedan producirse. Esos días y como ya es tradicional, habrá un puesto sanitario en la plaza de Islas Canarias desde las 20.00 horas las 6.00 cada uno de los días.
El día 14, tarde del chupinazo, habrá un puesto sanitario avanzado con médico y enfermeros en la plaza Joaquín Costa, donde también habrá una ambulancia Soporte Vital Básico. Otras dos ambulancias con las mismas características estarán al inicio de la Rúa y en la calle Sancho y Gil, a la altura del Mesón de la Dolores. Habrá equipos ambulantes con desfibriladores en la plaza de España y durante todo el recorrido de las peñas.
La mayoría de voluntarios que participan en este dispositivo cuya cifra no se ha dado a conocer, son de asambleas de comunidades como Andalucía y la Comunidad Valenciana, entre otros. Este año, como novedad, habrá voluntarios llegados de Ceuta y de las Islas Canarias. También los recursos sanitarios como las ambulancias vendrán de otras asambleas, pues la de Calatayud no cuenta con una ambulancia desde el pasado año 2021.
📸 Los vecinos de la localidad de Ateca se concentraban la pasada semana en la Plaza de España tras el fatal suceso
La jueza del juzgado Mixto nº2 de Calatayud, encargada de la instrucción abierta por la muerte de una bebé la pasada semana en la localidad de Ateca, ha citado esta mañana a declarar como testigo a un vecino de la mencionada localidad. La declaración en el juzgado está prevista para el próximo 17 de septiembre a las 10:00 horas.
El testigo se encontró con el padre de la niña cuando éste salía de casa, con la bebé en brazos, momento en que el hombre (testigo) se ofreció a llevarlos al centro de salud de Ateca, distante unos 400 metros del domicilio.
El juzgado abrió diligencias judiciales por este caso el pasado miércoles 24 de julio después de recibir un atestado de la Guardia Civil informando del fallecimiento por ahogamiento de un bebé de 14 meses en una piscina hinchable en un domicilio de Ateca. Dos días después, los padres de la niña (de 37 años -el padre- y de 35 años -la madre-) fueron detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición judicial.
Al término de sus declaraciones, y según los informes que obran en la causa, la instructora consideró que “dada la naturaleza y gravedad de los hechos” y ante la existencia de suficientes indicios de criminalidad, ya que la muerte podría no ser el resultado de una imprudencia, dictó para ambos progenitores, sendos autos de prisión provisional comunicada y sin fianza como posibles autores de “un delito de asesinato u homicidio imprudente de menor de edad” (La determinación definitiva del tipo de delito se determinará cuando la jueza haya valorado el informe definitivo de la autopsia de la niña y hayan concluido las investigaciones judiciales que se llevan a cabo).
Al parecer, según los informes forenses preliminares, las lesiones detectadas en el cuerpo del bebé apuntan a que la muerte de la pequeña podría haberse producido cuando el flotador, en el que estaba colocada la pequeña dentro de la piscina, se volcó quedando su cabeza sumergida en el agua durante más de una hora hasta que fue sacada del agua. Los detenidos son padres de tres menores más de 3, 10 y 13 años de edad. Todos ellos se encontraban en el domicilio familiar en el momento en que ocurrieron los hechos.
En los autos dictados el pasado viernes 26 de julio, la instructora afirma que resulta “absolutamente incomprensible que los progenitores desampararan sin vigilancia, durante horas, a una bebé de tan solo catorce meses de edad, dentro de una piscina, por la propia edad de la menor, ya que esta carecía de autonomía suficiente para cualquier mínima actividad, con el consiguiente riesgo que tal desamparo conlleva y que, finalmente, acabó con el fallecimiento de la menor. De esta forma, cualquier ciudadano de inteligencia media, sin necesidad de especiales disquisiciones intelectuales, es conocedor que un menor de esa edad requiere supervisión constante por parte de un adulto; sin que pueda admitirse que los hechos se produjeron por un “descuido momentáneo”, pues las lesiones que presentaba el cadáver no son compatibles con dicha aseveración, siendo tajante en ese sentido el informe médico forense”.
Añade además que “en el atestado policial se refleja que los detenidos no llamaron a ningún servicio sanitario de emergencias, no solicitaron auxilio médico, y fueron caminando hasta el centro médico sin emplear siquiera un vehículo propio o ajeno para llegar inmediatamente a las instalaciones sanitarias y poder intentar salvar la vida de la bebé, a pesar de existir una distancia considerable desde su domicilio hasta el referido centro médico, exactamente, 400 metros”.
Concluye la jueza en sus autos diciendo que “todas estas circunstancias demuestran, por sí solas, una absoluta dejadez de los detenidos en sus funciones paternofiliales que acabaron desembocando en el fallecimiento de la menor, siendo que, además, el informe médico forense no descarta que el mecanismo causal del fallecimiento pudiera haber sido intencional por sofocación, de forma que podemos encontrarnos frente a un asesinato doloso, y no frente a un homicidio imprudente”.
La investigación continúa abierta y contra los autos dictados por la instructora cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, y/o recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Esta misma tarde, la sede que Interpeñas instala en estas fechas en el Paseo Cortes de Aragón, ha acogido la votación del tradicional concurso de muñecos de capea. Unas creatividades que, como cada año, se colocarán en el ruedo de la Plaza de Toros bilbilitana la tarde del 16 de agosto para la suelta de vaquillas con muñecos de capea.
“Roquepoly”, una imitación al mítico Monopoly, ha sido el ganador de esta edición en la que han participado veinticinco muñecos. Una cifra similar al pasado año. Víctor Gómez Marín ha sido el vencedor que recibirá un premio económico de 1.000€.
Por su parte, Héctor y Antonio Bueno han sido los segundos clasificados con “Mortadelo y Filemon” vestidos de toreros. Su premio económico será de 500€. Ainhara Benedí Morales ha sido la tercera clasificada con una Fofucha dedicada al 70 Aniversario del taller de estas obras. Ésta recibirá 250€.
Por otro lado, el premio a la crítica es de Ana Benedí Ruiz. Éste trata las multiples quejas recibidas por las fiestas, los conciertos, el CalataFest y la Semana Santa de Calatayud. El muñeco reza: “Nunca llueve agusto de todos. Ensayos de Semana Santa, a quejarnos. San Roque, a quejarnos. CalataFest, conciertos, ferias, Ayud Road, a quejarnos. Nada nos parece bien, pero luego lo queremos todo…”. Este premio recibirá 100€.
El jurado, compuesto por presidentes o representantes de todas las peñas sanroqueras también ha otorgado cuatro áccesits especiales premiados con 150€, y tres áccesits premiados con 100€.
El pleno municipal que hoy celebra el Ayuntamiento de Calatayud debatirá hoy una moción presentada por el Partido Popular. Una moción que habla del “panorama de incertidumbre política y de difícil gobernabilidad que dejaron en España las Elecciones Generales del pasado año”, tal y como aseguran los populares.
Esta moción, según el Partido Popular, servirá “para mostrar el rechazo de esta institución al establecimiento de un modelo de financiación singular y diferenciada para Cataluña al margen del régimen general cuya negociación deberá realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
“Del mismo modo, pretenden rechazar la condonación de 15.000 millones de euros como parte de la deuda que la comunidad de Cataluña mantiene con el Estado a través del FLA, por generar un agravio con el resto de comunidades”, denuncian los populares bilbilitanos.
También, dentro de esta moción, el PP de Calatayud insta al Gobierno de España a convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiero para consensuar una reforma de financiación autonómica con todas las comunidades autónomas en igualdad de condiciones. También solicitan que, en el contexto de las futuras negociaciones para reformar el actual sistema de financiación, “sean tenidas en cuenta las reivindicaciones de las Corporaciones Locales, con el fin de conseguir un equilibrio real y en base a criterios objetivos, en el reparto de los recursos del Estado, que sea acorde con las funciones que desempeñan los Ayuntamientos”.
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