El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Calatayud se encuentra en el centro del debate político y social. Por un lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde definitiva a la licitación del contrato para externalizar este servicio público. Por el otro, el malestar social ha cristalizado en la convocatoria de una manifestación para mostrar un rechazo frontal a que la gestión pase a manos privadas.
Tal y como se detalla en el cartel informativo de la convocatoria, la protesta ciudadana tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo a las 12:00 horas en el Paseo Cortes de Aragón, bajo el lema «¡No reblaremos!», con el firme objetivo de frenar la privatización de una asistencia esencial para las personas vulnerables.
Los detalles del nuevo contrato municipal
A pesar del descontento en las calles, el proceso administrativo sigue su curso. Esta misma semana se publicará en el perfil del contratante el pliego de condiciones de un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.642.212,09 euros (excluido el IVA), el cual contempla una duración inicial de dos años más dos posibles prórrogas anuales.
Desde el consistorio bilbilitano defienden que esta medida busca mejorar la calidad asistencial para la población mayor y dependiente, tanto del núcleo urbano como de sus tres barrios pedáneos. Según explica la concejal de Servicios Sociales, Simona Dragan, la externalización permitirá eliminar las rigideces y limitaciones administrativas actuales, facilitando la ampliación de horarios para dar cobertura por las noches y durante los fines de semana. Asimismo, la empresa adjudicataria estará obligada a cubrir de forma ágil las ausencias y permisos del personal.
El futuro de las trabajadoras y las condiciones del pliego
Una de las mayores preocupaciones en torno a este proceso es el futuro laboral de la plantilla actual, compuesta por 21 profesionales. El Ayuntamiento de Calatayud ha asegurado que el pliego obliga a la empresa concesionaria a subrogar a las trabajadoras, garantizando que mantendrán todos los derechos que les corresponden actualmente como empleadas municipales. Además, al personal fijo se le ha ofrecido la opción de incorporarse a la plantilla de la Residencia Municipal “San Íñigo”.
El consistorio también ha precisado que la valoración y el diagnóstico de los usuarios seguirán dependiendo exclusivamente de los Servicios Sociales municipales, quienes mantendrán la coordinación técnica y el control de la gestión. Entre las mejoras técnicas que se exigirán a las empresas licitadoras se incluyen la aportación de ayudas técnicas —como camas articuladas o grúas de transferencia— y la presentación de un proyecto tecnológico basado en la domótica para combatir la soledad no deseada.
