El pleno del Ayuntamiento de Calatayud aprobó el pasado 30 de noviembre una propuesta presentada por los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos para instar al Gobierno de España a modificar la ley orgánica de modificación de la LOE para aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los Españoles recogidos en la Constitución.
La moción contó con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos, Partido Aragonés y VOX, y con el voto en contra de los concejales socialistas.
Se acordó instar al Gobierno de España a:
- Impulsar una nueva Ley Educativa apoyada en un gran Pacto Constitucional, que respete la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad, y que atienda la demanda social como criterio a seguir por parte de las Administraciones públicas a la hora de programar la oferta educativa gratuita.
- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- Respetar y cumplir los artículos 3.1 y 14 de la Constitución, así como el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón, adoptando las medidas oportunas para que el castellano sea lengua vehicular, evitando así quela enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
- Aprobar un Plan Económico, en cooperación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para contar con una financiación estable que permita la creación de nuevas plazas y extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional:
- Reformar el Sistema de Financiación Autonómica y Local y crear un Fondo Interterritorial para la Cohesión y Calidad de la Educación que permita una financiación adecuada de las Comunidades Autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.
- Impulsar y ampliar los Programas de Cooperación Territorial de refuerzo educativo ya existentes para apoyar a aquellas Administraciones Educativas con mayores tasas de abandono escolar temprano.
- Desarrollar, a través del Ministerio de Educación, un programa intensivo de becas para la educación infantil (ambos ciclos), primaria y secundaria que tenga por objeto corregir las desigualdades de financiación por alumno entre Comunidades Autónomas.
- Refuerzo de la Alta Inspección Educativa, estudiando la conveniencia de crear una Agencia Independiente, para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se impartan con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.
- Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a la obtención de su título, con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema.
- Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad, homologando los currículums básicos y desarrollando una prueba única para dicho acceso con iguales procesos de ejecución, criterios de evaluación y tasas para su realización.
- Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
- Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
- Reestructurar los currículos educativos para que se impartan un mínimo de asignaturas por curso compartidas entre todas las CCAA, con criterios de evaluación y estándares de aprendizaje unificados para toda España.
- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido:
- Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales
- Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
- Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo.
- Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativapara situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
- Apoyar los recursos de inconstitucionalidad que pudieran interponerse contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.
- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
