El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Calatayud defenderá en la sesión plenaria de este próximo jueves una propuesta que reclama un sistema de financiación para las comunidades autónomas basado estrictamente en los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad interterritorial. El texto presentado por los populares pone el foco en la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales y critica el marco actual de negociación por considerarlo una ruptura de la lealtad institucional.
La formación fundamenta su postura en el rechazo a los cambios anunciados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, argumentando que estos no nacen de un diálogo común, sino de acuerdos bilaterales entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Cataluña. Según el Grupo Popular, el reconocimiento de una financiación singular para Cataluña y la aplicación del principio de ordinalidad —que implica que las regiones con mayor aportación reciban proporcionalmente más recursos— vulnera el compromiso de cohesión entre territorios y pone en riesgo el proyecto común de Estado.
Desde el PP bilbilitano se incide especialmente en la situación de Aragón, señalando que la dispersión geográfica y la despoblación encarecen significativamente la prestación de servicios básicos. La moción cita datos que reflejan un déficit acumulado en gasto social de 1.780 millones de euros en los últimos siete años, subrayando el desequilibrio entre el aumento de los costes operativos y la aportación recibida por parte del Estado.
El documento técnico que acompaña a la moción se apoya en las advertencias de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que sitúa a Aragón como la comunidad autónoma más perjudicada por el nuevo esquema financiero. Los populares denuncian que la falta de fondos suficientes ha obligado a la administración regional a recurrir al endeudamiento para sostener los pilares del estado de bienestar.
Ante este escenario, la propuesta que se someterá a votación insta al Gobierno de España a retirar el modelo actual para iniciar una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas. El objetivo final es establecer un sistema que prime la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, y que integre de forma efectiva la reforma de la financiación local a través de la Comisión Nacional de Administración Local, asegurando que los ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios para atender sus competencias.
