La ciudad de Calatayud ha marcado un hito en la reparación de su pasado reciente con la presentación oficial de la Asociación de Memoria Democrática de Calatayud y Comarca (Amedecc). El acto, que congregó a un centenar de personas, contó con el respaldo institucional de Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, y Noelia Herrero, subdelegada del Gobierno en Zaragoza, quienes reafirmaron el compromiso del Ejecutivo central con la búsqueda de las víctimas del entorno bilbilitano, donde se encuentran documentadas unas 600 personas represaliadas.
La nueva entidad, liderada por Julia Olivas, nace con la misión de ser un pilar de apoyo para las familias en la localización e identificación de sus allegados. Entre sus objetivos fundamentales destaca la investigación de fuentes orales y documentales, la gestión de trámites administrativos y la organización de actividades de sensibilización social. De forma inmediata, Amedecc centrará sus esfuerzos en el barranco de Cortasogas, donde se proyecta una tercera cata tras dos intentos previos sin éxito en 2022 y 2023. Esta nueva intervención, que se llevará a cabo en el propio cauce del barranco, busca recuperar los restos de al menos cuatro personas asesinadas en 1936, contando para ello con el impulso técnico y financiero del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Durante la presentación, Zoraida Hijosa destacó que el Gobierno está ultimando el proyecto para que los trámites de contratación de esta excavación comiencen la próxima semana. Asimismo, recordó la importancia de los análisis de ADN, mencionando especialmente la situación del Valle de Cuelgamuros, donde reposan 33.000 cuerpos, incluyendo vecinos de Calatayud localizados en la capilla del Santo Sepulcro. Hijosa subrayó que la Diputación de Zaragoza recibirá este año 50.000 euros para exhumaciones, lamentando que el Ayuntamiento de Calatayud no solicite las ayudas gestionadas a través de la FEMP para este propósito.
Por su parte, Noelia Herrero vinculó la relevancia de esta asociación con el actual contexto político en Aragón. La subdelegada criticó la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica por parte del Gobierno de Jorge Azcón, calificándola como una concesión a la ultraderecha. Ante este escenario de «sombras», Herrero garantizó que el Gobierno de España mantendrá su compromiso con la verdad, justicia y reparación, asegurando que el objetivo del Estado es despejar el camino para quienes llevan décadas luchando por una memoria digna.
