Los diputados socialistas al Congreso por la provincia de Zaragoza, Víctor Ruiz y Marta Gracia y por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, se han desplazado esta mañana hasta el embalse de Mularroya para comprobar el final de las obras tras invertir 250 millones y constatan que la prueba de carga puede iniciarse a final de 2024.
En la visita han estado acompañados por Jesús Lamuela, presidente del Sindicato Central de Regantes del Jalón y por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La diputada, Marta Gracia, se ha interesado por el calendario de puesta en funcionamiento del embalse, una obra ejecutada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con una inversión de 250 millones que permitirá la puesta en regadío de 5.000 nuevas hectáreas de riego modernizado.
Al parecer y según han informado los técnicos, la obra está prácticamente terminada. Una vez finalizados algunos trabajos en la embocadura y desembocadura del túnel de captación, los trabajos de puesta en carga del embalse podrían iniciarse a finales del año 2024. El funcionamiento pleno del embalse requiere de una obra de desvío el oleoducto, titularidad del Ministerio de Defensa, en cuya agilización se ha comprometido el diputado Víctor Ruiz.
Los diputados socialistas han destacado que el embalse de Mularroya es una gran inversión del Estado en el territorio que va a duplicar el agua regulada en el Jalón, alcanzándose los 180 hm3 regulados. Se consigue así una seguridad de uso del agua del 90 por ciento, frente a los 40 por ciento actuales. Una vez operativo, el embalse funcionará de forma coordinada, como sistema, con el embalse de Tranquera facilitando un uso diferente del agua.
Previamente, los tres diputados nacionales aragoneses se han reunido con la junta directiva de la Cooperativa COSANSE, con el fin de conocer de primera mano las demandas del sector frutícola y muy particularmente de las pequeñas empresas y las empresas familiares agrarias.
El diputado turolense, Herminio Sancho, ha afirmado que “la pretensión de derogar, aunque sea parcialmente, la Ley aragonesa de Agricultura Familiar, es un ataque frontal a la protección y viabilidad de este modelo de economía. Se está favoreciendo a los grandes fondos de inversión y a las grandes empresas en lugar de tratar de proteger a las pequeñas explotaciones”.
Entre las grandes preocupaciones expuestas por los cooperativistas, según han informado los diputados, se encontraban la reformulación del sistema de seguro agrícola o la necesidad de aplicar cláusulas espejo, así como los graves daños que está produciendo la sobrepoblación de conejo común en zonas cada vez más amplias de cultivo de árboles frutales, cereal o forrajeras.
