La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado un paso decisivo para proteger el sector agrario al aprobar una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente amenaza del fuego bacteriano, una enfermedad fitosanitaria que está devastando cultivos de frutales de pepita en diversos puntos de la geografía española, poniendo en jaque la viabilidad económica de numerosas regiones rurales.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado socialista bilbilitano, Víctor Ruiz de Diego, subrayó la gravedad de la situación, calificándola de «auténtico drama» en territorios específicos. Un ejemplo crítico se localiza en la comarca Comunidad de Calatayud, donde la virulencia de esta bacteria ha provocado la desaparición de más del 40% de las explotaciones dedicadas a estos frutales. En cifras concretas, la superficie de cultivo en la zona se ha desplomado de las 800 hectáreas iniciales a menos de 500, lo que evidencia una crisis productiva de gran magnitud.
La propuesta aprobada pone el foco en la necesidad de una respuesta institucional unificada y contundente. El texto contempla el traslado de esta problemática al Comité Fitosanitario Nacionalpara instar a todas las administraciones competentes a actuar con mayor determinación. Entre los objetivos principales se encuentran el refuerzo de la coordinación técnica, el intercambio fluido de información y la armonización de criterios de actuación, además de impulsar acciones conjuntas que permitan frenar la expansión de la enfermedad de manera efectiva.
Más allá del impacto macroeconómico, Ruiz de Diego hizo especial hincapié en la dimensión humana y social de esta crisis. El diputado recordó que el exponente más vulnerable son las pequeñas explotaciones familiares, donde el arranque de los árboles supone no solo la pérdida del sustento económico principal, sino también la desaparición de un patrimonio sentimental transmitido de generación en generación. La PNL reafirma así el compromiso de que la política sea una herramienta útil para los ciudadanos, exigiendo la máxima colaboración administrativa para afrontar un problema de difícil solución pero de necesaria intervención inmediata.
