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PP y Cs debatirán esta tarde una moción en el pleno del Ayuntamiento de Calatayud sobre la okupación ilegal

En el Pleno del Ayuntamiento de Calatayud de esta tarde se debatirá una moción propuesta por los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos para combatir la ocupación ilegal de viviendas. En el caso de que la moción prospere, el Ayuntamiento de Calatayud instará al Gobierno de España a la aprobación urgente de una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada.

Ambos partidos consideran que es compatible el apoyo y la protección de familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivos de viviendas con la defensa del derecho a la propiedad privada. Por ello, solicitarán al Gobierno de España que combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas con una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada. También pediran apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

La ocupación ilegal de viviendas ha crecido un 58% en los últimos cinco años y solamente entre los meses de enero a junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, según datos del Ministerio del Interior. En España hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente.

“Es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica”, explica el portavoz del Grupo Municipal del PP en Calatayud, José Manuel Gimeno.

El Partido Popular y Ciudadanos han presentado en el Congreso de los Diputados dos Proposiciones de Ley Orgánica para reforzar el concepto de domicilio ligado al del legítimo propietario y por otro, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal. “Con esta proposición de ley se introducen medidas como que la autoridad pública o sus agentes pueden desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de poco más de 12 horas”, añade José Hueso, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento bilbilitano.

Con esta nueva normativa, se pretende reforzar los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal y sus negativas consecuencias para la convivencia y la seguridad de los vecinos.

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