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El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará un pleno extraordinario para exigir un reparto justo de las ayudas estatales a los municipios y la elaboración de un nuevo decreto ley que incluya a la ciudad

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha convocado un Pleno Extraordinario que se celebrará el próximo martes, 8 de septiembre, con el objetivo de obtener el máximo respaldo político al comunicado aprobado por 31 alcaldes el pasado 1 de septiembre. Este documento rechaza el «Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales» y su convalidación en el Congreso de los Diputados supondría la exclusión de la capital aragonesa del reparto de las ayudas estatales para los municipios.

El acuerdo al que llegaron el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) deja fuera a la capital aragonesa del reparto del fondo de 5.000 millones de euros en ayudas del Estado a los municipios al no disponer de remanentes de tesorería. El pasado 5 de agosto, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza ya se manifestó por unanimidad en contra de la situación. La sesión extraordinaria comenzará a las 11 de la mañana y se debatirá la propuesta planteada por el alcalde para respaldar los diez puntos del acuerdo alcanzado el lunes.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha denunciado «el agravio comparativo» que supone la propuesta del Ministerio de Hacienda para Zaragoza. Fernández ha reivindicado «el papel decisivo que han tenido los Ayuntamientos durante la crisis sanitaria» y ha asegurado que «el Real Decreto vulnera el principio de igualdad de municipios y ciudadanos».

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, ha calificado el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP como «injusto e insolidario» y ha explicado que «rompe con el consenso que siempre había existido entre los municipios y que había estado por encima de las siglas políticas». Navarro ha insistido en que «los ciudadanos de la quinta ciudad más grande de España no pueden ser tratados así» y se ha mostrado convencida de que «todos los concejales del Ayuntamiento que defienden los intereses de la ciudad, respaldarán el acuerdo entre alcaldes ya que representa a más de 11 millones de españoles».

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