
Chunta Aragonesista ha registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón con el objetivo de exigir al Gobierno autonómico la restitución inmediata del personal técnico de Educación Infantil en las aulas de dos años de los Centros Rurales Agrupados (CRA) que cuenten con menos de tres alumnos matriculados. Con esta iniciativa parlamentaria, la formación busca frenar lo que considera un grave retroceso para la escuela rural y blindar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.
La portavoz adjunta de CHA y portavoz en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha advertido que la supresión de estos profesionales penaliza directamente a los pequeños municipios debido a criterios exclusivamente económicos. Lasobras ha defendido que la escuela rural es una herramienta imprescindible para fijar población y garantizar el derecho a una educación pública de calidad. Asimismo, ha recordado que en muchas de estas aulas conviven menores de dos años con alumnado de Primaria, una realidad multinivel que requiere apoyos específicos para no sobrecargar al profesorado ni debilitar la atención de la primera infancia.
Uno de los municipios afectados por esta medida es Arándiga. Su alcalde, Dabi Pérez Hernández (CHA), ha denunciado públicamente la situación, asegurando que el Ejecutivo autonómico demuestra un profundo desconocimiento de la realidad del medio rural al valorar los servicios públicos esenciales únicamente de acuerdo al número de alumnos. El regidor ha subrayado que la eliminación de los técnicos repercutirá negativamente en el día a día de las aulas, dificultando además la conciliación de las familias que se esfuerzan por mantener vivos los pueblos aragoneses.
A través de la propuesta presentada, CHA reclama que las Cortes de Aragón insten al Gobierno a mantener los recursos humanos especializados en todos los CRA, independientemente de la ratio de matriculación en el tramo de cero a tres años. La iniciativa también exige dotar a los centros del apoyo pedagógico y personal auxiliar necesario para que la convivencia de distintas edades no merme la calidad de la enseñanza, insistiendo en que defender estos servicios es una medida indispensable para luchar contra la despoblación y asegurar el futuro del medio rural.








