La jornada de huelga general celebrada este miércoles 11 de noviembre ha registrado un impacto mínimo en Calatayud. Según los datos facilitados por la administración municipal, el paro ha sido secundado por tan solo el 1,6 % de la plantilla del Ayuntamiento bilbilitano.
Durante todo el día, la actividad laboral ha discurrido con total normalidad en todas las áreas, equipamientos y turnos de trabajo municipales. De igual forma, las empresas concesionarias que prestan servicios en la localidad no han experimentado alteraciones significativas en su funcionamiento habitual.
La Policía Local, tal y como informan desde el consistorio bilbilitano, tampoco ha registrado ninguna incidencia en la ciudad vinculada a la convocatoria de paro.
Un contexto de movilización nacional por la vivienda y los salarios
La convocatoria de este paro de 24 horas, promovido a nivel global por diversas organizaciones sindicales como CCOO, UGT, CGT, CNT, OSTA y SOA, estaba orientada a impactar en el funcionamiento de las administraciones públicas, los transportes y los servicios esenciales. Para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población, los distintos órganos administrativos establecieron con anterioridad resoluciones y órdenes oficiales fijando los servicios mínimos correspondientes.
El eje principal de la protesta ha respondido a la crisis de la vivienda y al encarecimiento del coste de la vida. Los convocantes denuncian que el pago del alquiler o las hipotecas absorbe actualmente entre el 40 % y el 60 % de los salarios medios, por lo que reclaman la regulación de los precios del alquiler, el freno a los pisos turísticos y la ampliación del parque público de vivienda. A estas demandas se suman la exigencia de una vinculación salarial a la inflación real, el reparto de los beneficios empresariales, la reducción de la jornada laboral sin merma de sueldo y el refuerzo de la inversión en sanidad, educación y servicios sociales.
Por su parte, la patronal empresarial (CEOE y CEPYME) y las instituciones han defendido que las cuestiones laborales deben encauzarse a través de las mesas de diálogo social y los convenios colectivos. Asimismo, las organizaciones empresariales han advertido sobre el perjuicio que una paralización productiva causa en la competitividad de las PYMES y en la economía de los autónomos locales. Desde las instituciones se ha reiterado el respeto al derecho constitucional a la huelga, haciendo un llamamiento a la convivencia y al cumplimiento de los servicios mínimos fijados.
