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El Colegio de Administradores de Fincas de Aragón habla sobre las presuntas irregularidades en varias comunidades de propietarios de Calatayud

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Varias comunidades de propietarios de Calatayud se encuentran “investigando” tras la aparición de graves anomalías en la gestión de numerosos inmuebles por parte de un administrador de fincas local. La Policía Nacional ya investiga al menos una denuncia formal contra el profesional identificado como A. R. M., después de que varios vecinos detectaran movimientos bancarios injustificados y retiradas de efectivo que no guardaban relación con el mantenimiento ordinario de sus edificios.

El malestar es generalizado en la comarca, dado que el investigado gestiona una cartera superior al centenar de comunidades. Según los testimonios de los afectados, el patrón consistía en transferencias opacas entre distintas cuentas y un uso recurrente de cajeros automáticos para disponer de fondos comunitarios. Ante la gravedad de los hechos, una segunda agrupación de propietarios ya ha acordado en junta emprender acciones legales de forma inminente, mientras que el administrador ha comenzado a presentar su dimisión en algunas fincas, llegando incluso a devolver parte del dinero en aquellos casos donde el descubierto era ya evidente.

La postura del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón

Ante la gravedad de estas informaciones, el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón ha querido arrojar luz sobre su posición institucional. Antonio Calvo, portavoz de la entidad, ha aclarado que, aunque por el momento no han recibido una queja formal en sus oficinas, la institución actuará con contundencia en cuanto tengan constancia oficial de los hechos.

Desde el Colegio subrayan que son los máximos interesados en que exista una transparencia total en el sector. Por ello, Calvo ha asegurado que, una vez se reciba cualquier escrito por parte de un presidente de comunidad detallando lo sucedido, se iniciará de inmediato una investigación para esclarecer los hechos. El portavoz ha hecho hincapié en que la institución se compromete a tomar todas las medidas legales y deontológicas oportunas, ofreciendo además su total apoyo y acompañamiento a las comunidades que resulten afectadas por estas prácticas.

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