Calatayud como otras localidades aragonesas cuenta con una oficina liquidadora para la gestión y liquidación de impuestos de trasmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, o sucesiones y donaciones. Este servicio se encuentra integrado en el registro de la propiedad.
Al haber tenido conocimiento de una posible modificación de este sistema, el alcalde de la ciudad se ha dirigido a la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón solicitando que cualquier cambio que pueda plantearse, no merme el servicio a los bilbilitanos ni el personal que los atiende.
Lo ha hecho en una carta en la que José Manuel Aranda argumenta que los trámites que llevan a cabo las oficinas liquidadoras, como la de Calatayud, mantienen unos datos de gestiones, liquidaciones y demoras que mejoran con respecto a otro tipo de oficinas autonómicas. Así lo testimonian los informes anuales sobre tributos.
Abunda añadiendo que estas oficinas informan y asisten a los vecinos de forma cercana y próxima, contribuyendo a la vertebración del territorio, de manera que solicita que, “de darse la supresión de las oficinas liquidadoras de los registros de la propiedad, en ningún caso suponga una merma de servicios para los vecinos de Calatayud”.
Así mismo demanda que quede garantizada la sustitución del servicio, y que los cambios no supongan un empeoramiento en la calidad de su asistencia, para que se siga prestando bajo criterios de “calidad, proximidad y profesionalidad”.
La misiva concluye pidiendo que en caso de que las funciones de las oficinas liquidadoras las asumiesen directamente las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón, estas se doten de personal cualificado que asesore, oriente y facilite al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
