Varios abogados y procuradores bilbilitanos se han concentrado hoy a las puertas de los juzgados de Calatayud para, según han asegurado, “exigir un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados”.
Este es el acuerdo que desde el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza han emitido:
Sobre la delicada salud de un servicio público que arrastra retrasos injustificables, se suman dos huelgas encadenadas que están provocando su absoluta paralización desde hace más de 5 meses.
No hay visos de solución y los servicios mínimos se muestran como meros formalismos, ineficaces para impedir que el daño se centre en la suspensión de vistas y actos procesales, injustificada y desproporcionadamente, sin motivación ni notificación de las decisiones jurisdiccionales que la legitimen y permitan su control.
Las recientes y sucesivas huelgas de funcionarios de la justicia se suman al déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Pero añadir 5 meses consecutivos de huelgas, resulta insostenible. Las consecuencias se centran en la suspensión de decenas de miles de vistas en España y el retraso de los procedimientos que, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, que impide a los ciudadanos recibir sus indemnizaciones, y señalamientos que se fijan a más de un año vista.
Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que recordar a los poderes públicos que la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental que garantiza el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía, derecho éste que ha de estar, al menos, al mismo nivel de protección que el resto de derechos fundamentales.
Es desolador que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, que penaliza la economía y a los profesionales que defienden los derechos de la ciudadanía ante juzgados y tribunales, a quienes se les impide desarrollar su labor profesional.
Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La inmediata solución de la parálisis de la Justicia es una cuestión de Estado.
