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El candidato de CHA a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, defiende en Calatayud una sanidad pública blindada “frente al modelo de negocio del PP”

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El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha protagonizado este domingo un mitin en Calatayud en el que ha situado la defensa del sistema de salud como eje central de su proyecto político. Durante su intervención, Pueyo ha denunciado la situación crítica que atraviesa el sector sanitario en la comarca, ejemplificada en “la parálisis de las obras de las Urgencias del Hospital Ernest Lluch y el drástico recorte de personal en la Unidad de Salud Mental”.

Pueyo ha calificado de inasumible que un único psiquiatra deba atender a una población de 46.000 personas, una carencia que dispara los tiempos de espera y compromete la atención de los pacientes más graves. Según el candidato, estos déficits no responden a errores de gestión, sino a una estrategia deliberada del actual Ejecutivo regional. En este sentido, ha comparado la gestión de Jorge Azcón con la de Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de actuar como un «aprendiz» que busca debilitar lo público para favorecer el beneficio privado de terceros.

La propuesta de CHA para revertir esta deriva se centra en blindar la sanidad frente a la privatización y garantizar su carácter universal. Pueyo apuesta por una redistribución de recursos que priorice la Atención Primaria, especialmente en el medio rural, como herramienta clave para la cohesión territorial. El candidato ha alertado de que el envejecimiento de las plantillas y la escasez de medios en los consultorios locales están ensanchando la brecha de desigualdad entre las ciudades y los pueblos aragoneses.

Entre los compromisos detallados para la próxima legislatura, la formación aragonesista plantea destinar hasta un 30% de los recursos sanitarios a la Atención Primaria y limitar la asistencia telemática a una función meramente complementaria. Asimismo, el programa de CHA incluye medidas para estabilizar al personal sanitario en zonas rurales, reducir la temporalidad y garantizar por ley que las listas de espera en especialidades y cirugías no superen nunca los tres meses de demora.

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