La Audiencia Provincial de Zaragoza ha sido escenario este miércoles de la declaración de dos agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional que han destapado las presuntas actuaciones delictivas de un policía nacional, destinado en la capital aragonesa. Tal y como explica EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se le acusa de acceder de forma injustificada a la base de datos policial para obtener información personal, social y económica de un conocido, con el objetivo de proporcionársela a su exesposa en medio de un conflicto por infidelidad.
Los investigadores de Asuntos Internos han sido contundentes al calificar las acciones de este agente como «injustificables» y «alejadas totalmente de sus funciones». Han revelado que el agente realizó una «radiografía completa» de los movimientos del denunciante, una práctica que consideran carente de legitimidad. La denuncia inicial del perjudicado en la Jefatura Superior de Policía de Aragón desencadenó un procedimiento de información reservada que concluyó en Madrid, confirmando la sistematicidad de las consultas.
Implicaciones familiares y policiales en el caso
Junto a él, también se ha sentado en el banquillo su hermana, una agente de la Policía Nacional destinada en Calatayud. Aunque Asuntos Internos la ha exculpado al constatar solo una consulta «puntual», la conexión familiar ha salido a relucir en el juicio.
El denunciante ha comparecido para aclarar su intervención, reconociendo que aconsejó al denunciante —con quien mantiene una relación de amistad tras años de veranear juntos— que acudiera a un abogado y presentara una denuncia al sospechar que se estaba accediendo a información reservada sobre él. Él ha enfatizado que, por su posición, se abstuvo de intervenir directamente en el caso.
Declaraciones de los implicados y peticiones de pena
Durante la jornada, también han testificado el denunciante y su exmujer. El perjudicado ha afirmado que los problemas en su relación comenzaron a raíz de la información que su exesposa manejaba, datos que, según él, solo podían provenir del ámbito policial. Por su parte, la exmujer ha reconocido haber solicitado información, alegando que le tenía «muchísimo miedo» al denunciante.
El propio agente ha admitido los accesos a la información, pero ha argumentado que actuó «porque su uniforme le obligaba», defendiendo que su intención era proteger a la mujer.
La acusación particular, representada por el abogado Antonio Torrús, ha solicitado cinco años de cárcel y una multa de 10.800 euros para este agente, y dos años y seis meses de prisión con una multa de 6.480 euros para su hermana, la agente destinada en Calatayud. Por su parte, el Ministerio Fiscal solo ha formulado acusación contra el agente, pidiendo una pena de dos años y seis meses de prisión. El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha dirigido la causa.
