La investigación en torno al administrador de fincas bilbilitano, A.R.M., ha tomado una dimensión crítica tras las últimas revelaciones ofrecidas este viernes por la Policía Nacional. Según ha confirmado el portavoz del cuerpo, la cifra de afectados y el montante del presunto desfalco se han disparado significativamente, registrándose ya más de 50 denuncias formales —concretamente 53— que sitúan el agujero económico en torno a los 900.000 euros. Este notable incremento refuerza las sospechas de los investigadores sobre la magnitud real de una trama que no deja de sumar nuevos perjudicados a medida que las comunidades de propietarios revisan sus cuentas.
El pasado 16 de enero, 17 presidentes y secretarios de diversas comunidades comparecían ante el juez para aportar testimonios sobre las irregularidades contables detectadas. Estos movimientos bancarios anómalos y disposiciones de efectivo injustificadas fueron los que originaron la investigación, ante la sospecha de que el capital destinado a los gastos ordinarios de los inmuebles fue desviado sistemáticamente.
Cabe recordar que el investigado se mantiene en libertad provisional desde diciembre, aunque sobre él pesan medidas cautelares contundentes. El juez ya decretó en su día el embargo preventivo de 29 inmuebles de su propiedad para garantizar las responsabilidades civiles, además de imponerle la prohibición de salir de España y la obligación de firmar quincenalmente en el juzgado. Por su parte, el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón ya procedió a su inhabilitación tras calificar sus faltas como muy graves.
