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El caso del administrador de fincas de calatayud aumenta: 17 comunidades afectadas declaran ante el juez mientras las denuncias “aumentan cada día”

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El proceso judicial contra el administrador de fincas bilbilitano, A.R.M., ha dado un paso decisivo en el Juzgado de Instancia número 1 de Calatayud. Durante la jornada de este viernes 16 de enero, un total de 17 presidentes y secretarios de diversas comunidades de propietarios han comparecido para prestar declaración, aportando sus testimonios sobre las presuntas irregularidades contables detectadas en sus fincas.

A pesar de que el investigado se encuentra en libertad provisional desde el pasado mes de diciembre, la presión policial sigue en aumento. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que la Policía Nacional ya ha formalizado más de una veintena de denuncias y advierten de que el volumen de perjudicados no deja de crecer, ya que prácticamente cada día se registra una nueva acusación en comisaría. Este goteo incesante de testimonios sugiere que el alcance del presunto fraude podría ser significativamente mayor de lo estimado inicialmente, dada la extensa cartera de inmuebles que el profesional gestionaba en la comarca y en las aledañas.

La situación actual es consecuencia de las medidas contundentes adoptadas previamente por el juez instructor, quien ya decretó el embargo preventivo de veintinueve inmuebles propiedad del detenido para asegurar posibles responsabilidades civiles. Además, el investigado mantiene la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, mientras el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón le inhabilitó por faltas calificadas como muy graves.

La investigación se originó tras detectarse movimientos bancarios anómalos y disposiciones de efectivo que no correspondían a los gastos ordinarios de las comunidades. Actualmente, la Policía Nacional de Calatayud continúa recabando información de todos los posibles afectados para esclarecer el destino del capital desaparecido, mientras los vecinos de las comunidades implicadas esperan que las declaraciones sirvan para acelerar la resolución del caso y la recuperación de sus fondos.

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