El Pleno de las Cortes de Aragón ha alcanzado un acuerdo fundamental en materia de seguridad, aprobando una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PAR que exige un refuerzo urgente de la Guardia Civil en el medio rural y abre la puerta al estudio para la creación de una Policía Autonómica Aragonesa. La iniciativa ha contado con el respaldo mayoritario de la cámara, con votos a favor de PP, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, y únicamente el rechazo de Vox.
Presión al Gobierno Central por Teruel
El texto aprobado, presentado por Alberto Izquierdo (PAR) y que incorporó una enmienda del PP, centra sus exigencias en el Gobierno de España, pidiendo medidas inmediatas para frenar el déficit de efectivos de la Guardia Civil. La principal preocupación es evitar la pérdida prevista de 60 agentes en Teruel en 2025. Las Cortes instan a la Moncloa a reforzar la plantilla real y efectiva en la provincia y en todo el ámbito rural aragonés, garantizando que todas las vacantes se cubran y sin contar como efectivos a los agentes en prácticas.
Además, se pide establecer incentivos específicos de permanencia y atracción de personal, incluyendo mejoras salariales, de conciliación y de vivienda en los cuarteles rurales. Para garantizar la transparencia, se reclama que el Gobierno central elabore y publique anualmente un informe detallado de efectivos por provincias y puestos.
Desarrollo de competencias propias
En paralelo, las Cortes instan al Ejecutivo autonómico a continuar desarrollando la Ley de Coordinación de Policías Locales como herramienta clave para apoyar a los ayuntamientos aragoneses. El punto más relevante a nivel interno es el mandato al Gobierno de Aragón para promover los trabajos necesarios que permitan estudiar la creación de una Policía Autonómica Aragonesa. El objetivo de este potencial nuevo cuerpo, que se ampararía en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía, sería complementar las funciones de la Guardia Civil y reforzar la seguridad en todo el territorio de la Comunidad.
La aprobación de esta PNL, que recibió el consenso de la mayoría de los grupos tras un debate en el que participaron parlamentarios como David Arranz (Vox), José Luis Soro (CHA) y Pilar Buj (A-TE), supone un compromiso político firme para mejorar la seguridad en el ámbito rural y avanzar en el desarrollo de las competencias estatutarias de la región.
