El Alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, se ha pronunciado sobre el acuerdo tomado en el día de ayer por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón, de interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra las modificaciones del Real Decreto, aprobadas por el Gobierno central.
El ejecutivo aragonés considera que genera inseguridad jurídica, invade las competencias de las comunidades autónomas y perjudica a territorios como Aragón, en favor de otros. Por estos motivos se ha autorizado el ejercicio de acciones judiciales contra el Real Decreto 905/2025 de 7 octubre, que modifica la normativa reguladora de la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
El alcalde bilbilitano afirma que, ”como no puede ser de otro modo defiende la calidad de la enseñanza académica en los nuevos proyectos universitarios como el previsto para Calatayud de la NCI, la Niccolò Cusano Aragón”. Comparte de dicho decreto “aspectos como que cuenten con un determinado número de doctores o con recursos y proyectos de investigación, pero no el criterio sobre el número mínimo de 4.500 alumnos exigidos en sus inicios”, indica Aranda.
Como el Gobierno de Aragón, el regidor municipal considera que el cambio sustancial de los requisitos del Real Decreto nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza argumentada por el Gobierno central, sino que constituye límites arbitrarios a la creación y reconocimiento de nuevas universidades.
Empezar de cero
Desde el ejecutivo autonómico señalan que hasta ahora el proceso de autorización de las universidades privadas presenciales y virtuales era competencia de las comunidades autónomas. Para las universidades presenciales, a pesar de que, como novedad, en el nuevo Real Decreto se va a exigir un informe preceptivo y vinculante de la agencia de calidad universitaria de cada comunidad (en Aragón se acomete esa tarea a través de ACPUA), invaden nuevamente las competencias autonómicas porque imponen desde el Gobierno central a algunos de los miembros de la comisión evaluadora de la agencia autonómica.
Esta modificación normativa cambia procedimientos sin ofrecer un periodo transitorio a los tres proyectos que desde la Dirección General de Universidades se enviaron al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. Entre ellos está la NCI Aragón para Calatayud. Por esa razón, los 3 proyectos interesados en instalarse en nuestra región tendrán que empezar desde cero, es decir, volver a la casilla de salida para poder cumplir con el nuevo procedimiento y los nuevos requisitos.
