La ciudad de Calatayud se convierte esta semana en uno de los epicentros de la protesta educativa en Aragón. Bajo el lema «Dinero público para la pública», la comunidad escolar ha iniciado un calendario de huelga y movilizaciones que se extenderá hasta el próximo 22 de enero de 2026. Esta convocatoria, respaldada por sindicatos como CGT Enseñanza, busca denunciar el deterioro progresivo de los centros públicos y exigir una gestión de recursos que priorice la equidad y la calidad educativa frente a la privatización.
El malestar de los convocantes se fundamenta, según han afirmado a través de un comunicado, en una serie de carencias estructurales que afectan el día a día de las aulas aragonesas. Entre las principales quejas destacan la falta de cobertura de horas lectivas para apoyos y desdobles, la demora en las sustituciones del profesorado y el desbordamiento de los equipos de orientación. Asimismo, se denuncia la asfixia burocrática que sufren los equipos directivos, la escasez de personal administrativo y de técnicos de educación infantil, así como el empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes itinerantes en el medio rural, quienes a menudo deben adelantar de su propio sueldo los gastos de desplazamiento.
El manifiesto de la huelga pone el foco de manera crítica en el presupuesto de la administración para este año 2026. Según los representantes educativos, se pretende desviar un total de 20,2 millones de euros de dinero público para subvencionar a empresas privadas. En concreto, denuncian la inversión de 7 millones de euros en concertar plazas de Bachillerato a pesar de existir más de 2.300 plazas vacantes en la red pública, así como el destino de 13,2 millones a empresas privadas para la etapa de educación de dos años, ignorando las peticiones de numerosos centros públicos que solicitan la creación o estabilización de estas aulas.
En Calatayud, las movilizaciones comenzaban ayer con una pintada de pancartas en los porches del IES Leonardo de Chabacier, seguida de concentraciones diarias en el Paseo Cortes de Aragón. Hoy está previsto, a partir de las 12h, un concierto reivindicativo, una pitada y una cacerolada en el Paseo Cortes de Aragón.
Los manifestantes subrayan que la educación pública es la única garante de los valores democráticos y la herramienta más eficaz contra la despoblación en una región eminentemente rural, recordando a la administración que la inversión en los colegios de los pueblos es un servicio social imprescindible que no debe ser tratado como un gasto prescindible.
El Gobierno de Aragón defiende su gestión educativo frente a la huelga y niega recortes
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha emitido un pronunciamiento oficial ante la huelga convocada por el sindicato CGT y los encierros que se mantienen en tres centros educativos de la comunidad. En un comunicado que busca rebajar la tensión, la administración autonómica ha manifestado su absoluto respeto hacia la organización sindical y los colectivos que respaldan las movilizaciones, subrayando que las puertas de la Consejería permanecen abiertas al diálogo constante con toda la comunidad educativa para continuar mejorando el sistema.
Sin embargo, el Ejecutivo aragonés ha sido tajante al calificar de falaces las acusaciones de desmantelamiento del servicio público en favor de la enseñanza privada. Según los datos facilitados por el Departamento, la inversión actual en educación pública no universitaria es la más alta de la historia de la región, superando los 1.300 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de casi 200 millones en apenas dos años, destinando el 84% del presupuesto total exclusivamente a la red pública.
Esta apuesta económica ha permitido, según fuentes gubernamentales, un refuerzo histórico de los recursos humanos y materiales. La plantilla docente se ha incrementado en 2.000 profesionales y se ha duplicado el presupuesto para inclusión educativa, pasando de 6 a 12 millones de euros. Este aumento ha facilitado alcanzar una cifra récord de casi 900 auxiliares y especialistas dedicados a la atención de la diversidad en las aulas. Asimismo, el Gobierno destaca la mejora de las condiciones laborales de los docentes mediante un acuerdo de 126 millones de euros vigente hasta 2027, diseñado para elevar sus salarios y reducir las horas lectivas.
En respuesta a las críticas sobre la gestión económica y de infraestructuras, el Departamento ha recordado que se han establecido 400 cupos de profesorado más que el curso anterior para garantizar apoyos y desdobles. Respecto a los gastos de funcionamiento de los centros, la administración actual afirma haber cumplido en tiempo y forma con los pagos, afeando al anterior ejecutivo socialista el impago de 3,7 millones de euros. En materia de infraestructuras, se han invertido más de 77 millones de euros para paliar un déficit de mantenimiento de décadas, ejecutando ya 98 intervenciones urgentes en instalaciones eléctricas y térmicas.
Finalmente, el Gobierno de Aragón ha justificado el cierre de aulas como un acto administrativo estrictamente motivado por la caída de la natalidad y la falta de demanda de escolarización. Esta medida, aseguran, no es exclusiva de la red pública, ya que la red concertada también ha experimentado el cierre de una decena de unidades este curso debido al mismo fenómeno demográfico.
