📸 Manoli González Moreno

El sector de la educación infantil de 0 a 3 años ha dicho basta. Profesionales de todo el país han iniciado una ola de protestas que tuvo sus puntos álgidos en la huelga estatal del pasado 7 de mayo y en la multitudinaria manifestación que colmó las calles de Madrid el 23 de mayo. Bajo el lema central de que son escuelas infantiles y no «guarderías», el colectivo exige una transformación profunda del sistema que garantice el bienestar tanto del alumnado como de los trabajadores.
El principal motor de las movilizaciones es la alarmante masificación de las aulas. Actualmente, la normativa permite que una sola técnico o maestra asuma la responsabilidad de ocho bebés, trece alumnos de uno a dos años, o hasta veinte niños de dos a tres años. Las profesionales denuncian que se encuentran completamente solas y sin apoyos legales para gestionar estos volúmenes de alumnado, lo que convierte la jornada laboral en una tarea de extrema responsabilidad y complejidad. Por ello, exigen una reducción urgente de las ratios y la implantación por ley de la «pareja educativa», una figura que permitiría contar con dos profesionales dentro del aula para cubrir de manera digna las necesidades de los menores.



Una etapa clave tratada como un «aparcaniños»
Otra de las grandes batallas de esta huelga es el reconocimiento estrictamente educativo de la etapa de 0 a 3 años. El sector recuerda que este periodo es fundamental para el desarrollo infantil integral, ya que es el momento en el que se establecen las conexiones neuronales principales y los primeros aprendizajes que servirán de base para el futuro. A pesar de su importancia científica y pedagógica, las trabajadoras lamentan que la administración y la sociedad sigan tratando estos centros como lugares asistenciales donde simplemente se «aparca» a los niños.
A esta falta de valoración pedagógica se suman unas condiciones laborales insostenibles. Las manifestantes reclaman la cobertura inmediata de las bajas laborales, ya que actualmente la ausencia de una educadora sobrecarga de forma sistemática al resto de las compañeras. Asimismo, exigen el apoyo de especialistas para atender al alumnado con dificultades o necesidades educativas especiales, y demandan un clima de trabajo adecuado que ponga fin al severo desgaste físico y emocional que sufren a diario.



La brecha salarial del sector
Mientras que algunos centros, como la Escuela Municipal Infantil Margarita de Calatayud, se rigen por convenios municipales propios, la gran mayoría de las escuelas infantiles de España dependen de un convenio estatal completamente desfasado. Esto condena a miles de educadoras a percibir apenas el salario base a cambio de jornadas extenuantes y horarios explotadores.
Como muestra de solidaridad y resistencia, la marea amarilla sigue muy viva en las aulas. Desde centros como la citada Escuela Margarita de Calatayud se respalda firmemente cada una de las reivindicaciones de sus compañeras. De este modo, cada jueves el centro se tiñe por completo de amarillo, con el personal vistiendo camisetas de este color y decorando las instalaciones como un recordatorio visual y permanente de que la lucha por una educación infantil digna no va a detenerse.








