Los vecinos de la comarca del Aranda han alzado la voz contra la nueva gestión del transporte de viajeros por carretera, un servicio recientemente adjudicado a la empresa Monbus que, según denuncian los afectados, supone un desmantelamiento encubierto del servicio público. A través de un comunicado difundido por el PSOE, los residentes critican que el sistema se ha convertido en un modelo «a demanda» plagado de irregularidades que pone en jaque la movilidad de la zona rural.
El malestar ciudadano se ha intensificado tras las primeras jornadas de funcionamiento, en las que se han detectado incumplimientos sistemáticos de horarios y el uso de furgonetas en lugar de autobuses. Esta sustitución de vehículos conlleva un grave problema de capacidad: cuando el vehículo se llena en las primeras paradas, el resto de los pasajeros son abandonados en la vía, perdiendo su posibilidad de desplazamiento.
Incertidumbre y aislamiento para los mayores
José Ángel Calvo, alcalde de Gotor, ha calificado de «leoninas» las condiciones de la concesionaria en trayectos estratégicos que conectan localidades como Calcena, Pomer y Aranda de Moncayo con Zaragoza. El edil explica que el vehículo solo acude si existe una llamada telefónica previa, un requisito que considera absurdo dada la frecuente falta de cobertura móvil en la comarca. Además, la falta de garantías en los horarios de vuelta genera una incertidumbre constante para los usuarios, mayoritariamente personas de avanzada edad que dependen de este transporte para acudir a consultas médicas.
Esta crisis de transporte coincide, además, con un debilitamiento de la asistencia sanitaria en la zona. Calvo ha vinculado esta situación al anuncio de que la mayoría de los consultorios locales permanecerán cerrados hasta el 5 de enero, centralizando las urgencias únicamente en Illueca. Para el alcalde, la combinación de ambos factores supone dejar a los pueblos «a su suerte» con el consentimiento del Gobierno de Aragón.
Una batalla contra la desaparición del mundo rural
Desde la comarca se interpreta esta gestión como una falta de sensibilidad hacia la realidad rural, denunciando que las decisiones se toman desde la distancia sin conocer las necesidades del territorio. Los representantes locales han advertido que no permitirán que se firme la «defunción» de sus municipios por una gestión deficiente de los servicios básicos.
Ante lo que consideran un cerco administrativo, el PSOE de la comarca del Aranda ha anunciado que «dará la batalla» para exigir una modificación radical del servicio. Los vecinos y responsables municipales instan tanto a la empresa concesionaria como al Gobierno regional a rectificar de inmediato para garantizar el derecho a una movilidad digna en el Aragón rural.
