📸 archivo Dukvi TV
Los vecinos afectados por las actuaciones del Ayuntamiento de Monterde volverán a salir a la calle mañana, sábado 19 de septiembre, en una marcha reivindicativa que dará comienzo a las 10:00 horas desde la Sede de la Comarca Comunidad de Calatayud, en la cabecera comarcal. El recorrido transcurrirá por diversas calles de la localidad y el paseo bilbilitano, para culminar en las inmediaciones de la Plaza del Fuerte.
El objetivo principal de esta convocatoria es dar visibilidad a las recientes resoluciones emitidas por el juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud. En hasta tres resoluciones judiciales, el magistrado ha declarado nulas y ha cancelado las inscripciones de fincas y viviendas que el consistorio había registrado a su nombre en el Registro de la Propiedad de Ateca. Asimismo, el fallo condena al Ayuntamiento de Monterde al pago de las costas del procedimiento —incluidas las derivadas de la intervención del Gobierno de Aragón— y reconoce de forma expresa a los demandantes como los legítimos propietarios titulares de los inmuebles.
Durante la marcha, los organizadores expresarán su agradecimiento a la ciudadanía por el apoyo recibido. Al mismo tiempo, la asociación exigirá al alcalde y a los concejales Antonio Blancas y Sergio Pascual que asuman las decisiones judiciales y pongan fin al desembolso de fondos públicos en este litigio. Los demandantes señalan que la propia justicia ha tumbado los argumentos municipales, los cuales justificaban sus acciones alegando que las fincas se situaban en montes de utilidad pública (MUP) y culpando a la falta de un deslinde administrativo por parte del Gobierno de Aragón desde el año 2000.
Sin embargo, en los fundamentos jurídicos de las resoluciones, el juez tumba la tesis del consistorio al señalar que todos los informes técnicos emitidos desde 1968 por la administración forestal afirman que dichas propiedades están fuera del MUP. Del mismo modo, el juez censura la postura del Ayuntamiento por negar la titularidad a los vecinos bajo pretextos administrativos o urbanísticos mientras, de forma contradictoria, les concedía licencias menores de obras.
Por todo ello, la asociación hace un llamamiento a las instituciones competentes para que investiguen de oficio las actuaciones tanto del Ayuntamiento como del registrador de la propiedad, al considerar que se ha atentado contra la dignidad de los afectados y el derecho a la propiedad privada. Cabe señalar que contra estas resoluciones de primera instancia aún cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en un plazo de 20 días.
