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La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde se manifestará este miércoles en el Congreso de los Diputados

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La Asociación Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha emitido un comunicado en el que informan que el próximo miércoles 5 de marzo se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid. Se fletarán autobuses desde Zaragoza y Calatayud, y una vez allí, se unirán vecinos de Monterde residentes en la capital española.

El bilbilitano y diputado en el Congreso por el PSOE, Víctor Ruiz, recibirá a los manifestantes y ofrecerá una visita previa al interior de la cámara.

Esta es la novena manifestación convocada por la asociación y la primera fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

“Nos manifestamos porque el alcalde del Ayuntamiento de Monterde inmatriculó en el Registro de la Propiedad más de 250 propiedades privadas sin cumplir con los requisitos que exige la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas y más concretamente el art. 47 de la Ley 33/2003 del 3 de noviembre que regula el procedimiento de investigación y que requiere los siguientes pasos previos”, informan desde la asociación de perjudicados.

“No consta en ninguna parte que el Ayuntamiento haya cumplido con estos requisitos, y sin embargo con un sólo certificado emitido por la secretaria, ha conseguido inmatricularse estas propiedades privadas a nombre del ayuntamiento”, añaden.

“Hemos llegado hasta Madrid porque creemos que se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada, utilizando malintencionadamente las leyes que están destinadas a garantizar precisamente ese derecho. El hecho de que esta actuación se haya producido en un pueblo pequeño no quita gravedad a la misma y lleva implícito el peligro de que pueda volver a repetirse en otro municipio”, denuncian los vecinos.

Desde el principio, esta asociación lleva pidiendo a los políticos y en concreto al Gobierno de Aragón, que actúen para “evitar el sufrimiento de los afectados (especialmente aquellos desposeídos de sus casas habituales) la sangría económica que les va a suponer llevar el caso a los juzgados y la posible ruina del ayuntamiento que tendrá que defender decenas de casos con el coste que éso supone”, explican.

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