La sección sindical de CGT en la empresa pública Sarga ha lanzado una dura denuncia contra el Gobierno de Aragón, la Seguridad Social y la propia empresa Sarga por, presuntamente, negar el derecho a la jubilación anticipada a las bomberas y bomberos forestales, a pesar de estar recogido en la legislación vigente.
Según el sindicato, estas entidades están incumpliendo lo establecido en la Ley 5/2024 de 8 de noviembre y el Real Decreto 817/2025 de 16 de septiembre, normativas que fijan un coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal de bomberos forestales al servicio de administraciones y organismos públicos que llevan prestando servicios profesionales desde principios de los años noventa.
Este derecho de reducción de la edad de jubilación fue reconocido legalmente como respuesta a la toxicidad, penosidad y la alta siniestralidad laboral del sector, una realidad especialmente palpable en Sarga, que el sindicato señala como la empresa pública aragonesa con mayor tasa de siniestralidad.
CGT lamenta que, tras una larga lucha por conquistar derechos y superar años de precariedad, sea la propia administración pública quien ahora deniegue un derecho ya adquirido y recogido por Ley, calificando la situación de «atropello».
La representación sindical asegura haber solicitado una reunión urgente con la empresa Sarga, además de requerir información sobre el elevado número de casos de bomberos forestales a los que se les ha denegado la jubilación anticipada, sin haber recibido ninguna respuesta hasta el momento.
Ante la falta de reconocimiento de este derecho, CGT anuncia el inicio inminente de una campaña mediática de denuncia dirigida a la sociedad aragonesa. Advierten, además, que si la situación no se revierte en un breve plazo, las bomberas y bomberos forestales están dispuestos a «echarse a las calles» para reclamar lo que consideran suyo y seguir denunciando las condiciones de precariedad laboral en el sector. El sindicato subraya la obligación de las entidades públicas de cumplir con las leyes.
