El PSOE de Zaragoza exige “responsabilidad” a Jorge Azcón para que retire su confianza y releve al alcalde de Monterde, el popular José Gracia, imputado por un delito de prevaricación administrativa (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley) y por un delito electoral. Además, el regidor espera en los próximos meses otras visitas al juzgado por la apropiación presuntamente irregular de fincas privadas de los vecinos, que registró en favor del Ayuntamiento de este municipio de la Comarca Comunidad de Calatayud.
Los socialistas zaragozanos critican expresamente “las trampas” del presidente de Aragón por mantener en la localidad zaragozana una situación contraria a la democracia sin inmutarse, y reivindicándose como dirigente modélico. En este sentido, preguntan a quien también es presidente del PP en la comunidad autónoma si le parece “honesto, decente y ejemplarizante” mantener al frente del consistorio de Monterde a una persona imputada y de la que conocía su manera de proceder, ya que el PSOE había advertido de las prácticas ilícitas, así como los vecinos de la localidad zaragozana, que se organizaron en la Asociación de Perjudicados por el alcalde de Monterde.
La denuncia que sentará en el banquillo a José Gracia tiene que ver con la alteración del censo electoral para asegurarse la reelección en el cargo. Gracia ha ido empadronando a particulares que no residen en la localidad, censados en casas cuyo titular lo desconocía, o en inmuebles en ruinas. De hecho, hay personas empadronadas en edificios declarados en ruina, que se terminaron demoliendo y que hoy se han transformado es una tienda multiusos con los mismos particulares censados en ese espacio.
Esta práctica ilegal que altera el censo permite que en periodo electoral los empadronados, beneficiados además con tasas exiguas para usar el coto cinegético o la cantera de mármol, mantengan un voto cautivo en favor del actual alcalde.
Monterde es una localidad de la Comarca Comunidad de Calatayud, donde viven 40 personas de manera permanente, pero que dispone de un censo de 128, que crece antes de cada consulta electoral.
El mismo polémico alcalde es el que ha inmatriculado (inscrito) a favor del Ayuntamiento en torno a 200 fincas de particulares, sin comunicación previa y sin acuerdo plenario. Esta práctica, descubierta por casualidad, ha dado lugar a una plataforma de afectados que han llevado a juicio esta apropiación indebida, y que ha protagonizadoprotestas ante la sede del Gobierno de Aragón y de las Cortes, sin que siquiera hayan prestado atención a sus quejas.
