La gestión urbanística en la localidad de Alhama de Aragón, en la Comarca Comunidad de Calatayud, ha derivado en un complejo escenario judicial tras la reciente interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de un promotor local. Armando Vicioso Arcos, impulsor de un ambicioso proyecto turístico basado en la construcción de cabañas de estilo nórdico, ha decidido formalizar esta medida legal contra la resolución de la alcaldesa, Pilar Marco, quien el pasado mes de noviembre firmó la denegación definitiva de la licencia de obras. Este movimiento jurídico pone fin a una larga trayectoria administrativa que comenzó hace más de un lustro y que ha estado marcada por un notable cambio de rumbo en el criterio municipal.
La iniciativa, que en sus orígenes fue planteada como un referente turístico de singularidad nacional, obtuvo en marzo de 2022 la declaración de interés público por parte del pleno municipal. En aquel momento, la corporación anterior a la llegada de la actual alcaldesa consideró que la propuesta cumplía con los requisitos para implantarse en suelo no urbanizable genérico, conforme a las normas subsidiarias que rigen el municipio. Esta declaración era un requisito indispensable exigido por el Gobierno de Aragón para avanzar en la evaluación de impacto ambiental, trámite que el proyecto superó satisfactoriamente tras la contratación de estudios de ingeniería especializados por parte de la propiedad.
A lo largo de los últimos años, el proyecto ha contado con hasta cuatro resoluciones favorables emanadas desde distintos organismos de la administración autonómica. Incluso los informes técnicos iniciales del arquitecto municipal respaldaban la viabilidad de la construcción. Sin embargo, la situación administrativa comenzó a tensarse a partir de septiembre de 2023, coincidiendo con el cambio en la dirección de la alcaldía tras una moción que otorgó el bastón de mando a Pilar Marco (Ciudadanos-Tú Aragón). A partir de esa fecha, el promotor denuncia una transformación en la actitud de los servicios técnicos municipales, quienes comenzaron a emitir requerimientos de información y reparos sobre aspectos que anteriormente se daban por superados o que nunca habían sido planteados con anterioridad.
El proceso se ha visto salpicado además por una evidente inestabilidad interna dentro del propio equipo de gobierno. El anterior vicealcalde, Fernando Cortés, quien se había manifestado en posiciones distintas a las de la alcaldía respecto a este expediente, fue cesado de sus funciones, un hecho que coincidió con periodos de interinidad en la secretaría municipal. A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Aragón continuó ratificando la viabilidad del plan, emitiendo una última resolución favorable en junio de 2025 tras analizar modificaciones no sustanciales referentes al abastecimiento de agua de las futuras instalaciones turísticas.
En un intento por desbloquear la situación y aportar seguridad técnica, el promotor presentó un informe pericial externo que avalaba el cumplimiento de toda la normativa urbanística y sectorial, incluyendo el plan de prevención de incendios entregado en agosto de 2025. No obstante, el ayuntamiento decidió elevar una nueva consulta al Consejo Provincial de Urbanismo alegando el riesgo de formación de un núcleo de población. Esta última consulta, realizada sin audiencia previa al interesado según sostiene la parte demandante, concluyó con un informe desfavorable del consejo que ha servido de base jurídica para la denegación final de la licencia por parte del consistorio.
Desde el entorno del promotor se vincula este giro administrativo a presuntas influencias externas y desavenencias con intereses industriales colindantes que también desarrollan actividades de alojamiento rural en la zona. Ante la imposibilidad de establecer canales de comunicación directos con la alcaldía para resolver las discrepancias técnicas, la justicia deberá ahora determinar si la actuación municipal se ha ajustado a derecho o si, por el contrario, la denegación de un proyecto previamente declarado de interés público vulnera los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. El caso deja en el aire una inversión privada que prometía dinamizar el sector vacacional en la comarca de la Comunidad de Calatayud.
