La gestión urbanística en el municipio de Alhama de Aragón ha saltado al terreno judicial tras la formalización de un recurso contencioso-administrativo por parte del promotor local Armando Vicioso Arcos. Esta medida legal responde a la resolución firmada el pasado mes de noviembre por la alcaldesa, Pilar Marco, en la que se denegaba de forma definitiva la licencia de obras para un complejo turístico de cabañas de estilo nórdico. El conflicto pone fin a un proceso administrativo de más de cinco años que ha estado marcado por un drástico cambio de criterio por parte del consistorio.
El proyecto, que inicialmente fue concebido como un motor de dinamización para la Comarca Comunidad de Calatayud, obtuvo en marzo de 2022 la declaración de interés público bajo la corporación anterior. Esta validación era un paso fundamental para que el Gobierno de Aragón procediera con la evaluación de impacto ambiental, trámite que la iniciativa superó con éxito tras la presentación de diversos estudios técnicos. A pesar de contar con hasta cuatro resoluciones favorables de organismos autonómicos e informes técnicos municipales que inicialmente avalaban la viabilidad de la construcción, el escenario cambió tras la llegada de la nueva alcaldía en septiembre de 2023.
A partir de ese momento, el promotor denuncia una creciente hostilidad administrativa caracterizada por requerimientos sobre aspectos que anteriormente se consideraban solventados. La situación se ha visto agravada por la inestabilidad en el equipo de gobierno, incluyendo el cese del anterior vicealcalde y periodos de interinidad en la secretaría municipal. Aunque el Gobierno de Aragón volvió a ratificar la viabilidad del plan en junio de 2025, el Ayuntamiento de Alhama decidió elevar una consulta al Consejo Provincial de Urbanismo sobre el riesgo de formación de un núcleo de población, obteniendo un informe desfavorable que ha servido de base para el rechazo final.
Avance del proceso judicial
La disputa ha alcanzado una nueva fase determinante, ya que la demanda ya ha sido presentada formalmente ante los tribunales. Tras la interposición del recurso, la justicia ha dado traslado al Ayuntamiento de Alhama de Aragón para que proceda a la contestación de la misma. De este modo, será el órgano judicial quien deba dirimir si la actuación municipal se ha ajustado a derecho o si la denegación de un proyecto previamente declarado de interés público vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica y la confianza legítima.
