El Ayuntamiento de Calatayud alcanzaba el pasado mes de diciembre de 2024 un acuerdo con la sociedad Inmo-Adanta para la construcción y la rehabilitación de vivienda en la plaza de España. El objetivo de este acuerdo, que se cerraba después de mucho tiempo de negociaciones, era por un lado la promoción de vivienda municipal protegida y a precios accesibles en la ciudad, y por otro la intervención y mejora del casco antiguo, así como la búsqueda de soluciones para los problemas con edificios desocupados y degradados.
Por este convenio, al que en su día daba el visto bueno la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento bilbilitano adquiría cinco edificios de Inmo-Adanta que dan a la plaza de España, calle Vicente de la Fuente y Rúa de Dato. Esta sociedad es también propietaria del solar de lo que fue la conocida como casa del reloj. En esa finca, Inmo-Adanta levantará un edificio de aproximadamente 20 viviendas, en la parte que ocupe la totalidad de la fachada que da a la plaza.
Según ha informado esta misma mañana el Alcalde de Calatayud en rueda de prensa, las obras comenzarán en el segundo semestre del año 2026. Actualmente, el estudio de la fachada ha sido remitido a patrimonio para su revisión pues la zona en la que se pretende construir es protegida.
“La plaza de España es un espacio característico en pleno corazón del casco antiguo, donde hay edificios con una conservación preocupante, y donde está ese solar en el que no ha existido interés por construir, por lo que consideramos que este acuerdo es una muy buena noticia para el casco antiguo”, afirmaba hace apróximandamente un año el concejal de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda del consistorio bilbilitano, José Manuel Gimeno.
Condiciones del acuerdo
El convenio detallaba las condiciones que asumen las dos partes, sus derechos y obligaciones, y concretaba el modo de pago de los inmuebles, que queda supeditado a que se ejecute la obra en ese solar frente a la Casa Consistorial.
Para la compra de esos cinco edificios por parte de la administración municipal se consultaba su valoración económica con la Gerencia Regional del Catastro en Aragón. En base a eso se fijaba su precio en un importe de 431.429,39 euros.
En el acuerdo entre la sociedad y el consistorio se establecían igualmente los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de los compromisos que asume cada parte.
